¿Bajar
o no bajar la edad de imputabilidad? ¿Es en verdad esa la cuestión?
¿O es tras ella que se enmascaran y ocultan otras problemáticas?
Como
en el efecto producido por un foco, que apunta con toda su potencia
resaltando un punto, un ángulo de la realidad, el resto de la misma
queda invisibilizado. Se pone el foco sobre la “inseguridad”, el
delito y los menores infractores, en una imagen distorsionada, donde:
delito, jóvenes y pobreza parecen ser lo mismo.
Esto
no quiere decir que no visualicemos ningún problema en relación a
la violencia y la “seguridad” actualmente. Es verdad que estamos
viviendo en una sociedad violenta, pero, ¿qué violencias vemos o
nos muestran, nos enfocan y cuales permanecen ocultas? ¿A que
intereses responden tanto el poner el acento en algunos puntos, como
invisibilizar otros?
En
el diseño de las políticas de control, es importante la
construcción de un otro, un enemigo interno en el que depositar los
miedos propios y toda la violencia que estos generan.
Se
define un chivo expiatorio donde colocar los problemas conformando un
fuerte proceso de estigmatización, ubicando como el “enemigo
interno” fundamentalmente al joven, pobre, no blanco y con esto se
busca velar todas las otras inseguridades y violencias que sufrimos
como sociedad cotidianamente; funcionando paralelamente como
argumento óptimo para aumentar la represión y el control en todos
los sectores que sean potencialmente peligrosos para la acumulación
del capital (lo que además representa un negocio muy lucrativo para
el mismo: empresas de seguridad privada, cárceles, etc.).
Se
apunta a las pobres; se diseñan políticas focalizadas, operativos
de control social. El foco está puesto sobre ellos y ellas, se
plantea intervenir sobre los pobres, eliminar los pobres. Se mueve
el foco del verdadero problema: la riqueza, la concentración de la
riqueza; pretendiendo sacarla del foco, porque verla nos obliga a
comprender cuál es nuestro verdadero enemigo y esto es justamente lo
que trata de ocultar.
Desde
las políticas públicas, se fragmenta con políticas diferenciadas
de educación, vivienda, espacios públicos; lo que va construyendo
geografías, territorios diferenciados y distanciados.
Con
el argumento de la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad,
se desarrollan dispositivos de diciplinamiento (razzias, gatillo
fácil, mega operativos) donde a partir de la naturalización de la
asociación: pobreza = delito, se construyen zonas despojadas de
derecho.
Esto
no es nuevo, ni original, pues es una construcción que se viene
llevando adelante desde hace tiempo, pero con un especial impulso a
partir de la supuesta lucha contra “el terrorismo” encabezada por
Bush y Tony Blair, se ha trabajado en la legitimación de la tortura,
detenciones arbitrarias y demás prácticas, creando una zona de no
derecho en la que cualquiera puede caer y quien se considere
peligroso para el mantenimiento del sistema, está en la mira.
Todos
estos aspectos resultan funcionales para el control y
disciplinamiento de la población en su conjunto y el ejercicio de la
violación de las “garantías individuales”, a favor de una
supuesta “seguridad democrática”.
En
estas construcciones quedamos paralizados, incapacitados para la
autonomía, presos del pensamiento heterónomo, que nos devuelve la
realidad de un único modo posible, el del poder.
Actualmente
se produce una fractura en los discursos y políticas de derechos
humanos, pues mientras “se valida” la reivindicación de los
mismos en relación a la dictadura (que de más esta aclarar que es
totalmente valida), se oculta y niega que los derechos humanos de los
y las pobres son los más atacados por las políticas del capital.
Este
ataque es sistemático y es llevado adelante por parte del propio
Estado, que dice proteger dichos derechos; mientras sabido es que en
cárceles y comisarías tanto de menores de edad como de adultos, se
realizan cotidianamente prácticas que asociadas a la dictadura
serían sin duda consideradas torturas (picana, submarino, plantón,
etc.) y ahora parece ser que no lo son, o no lo son cuando se aplican
a un determinado sector de la sociedad.
Volvemos
a preguntarnos entonces, si el problema es la “inseguridad” o
ésta es la pantalla que se utiliza para ocultar el saqueo que se
sigue realizando sobre nuestros pueblos.
¿Cuál
ha sido el proceso para que hoy se haga una asociación prácticamente
inmediata de la seguridad con la represión y resolución de
conflictos de modo violento y punitivo? ¿Por qué al hablar de
seguridad, no pensamos por ejemplo en la seguridad de ejercer el
derecho a la vivienda, salud, educación, seguridad alimentaria o
trabajo.
¿Es
pensable realmente que la solución para algún problema y éste en
particular pasa por el encierro? ¿No esta siendo acaso la privación
de libertad el mecanismo que están aplicando los estados como forma
de “resolver” la inequidad social?
Más
que no a la baja, debiéramos decir No a las cárceles, pero también
no a los falsos discursos que mientras hablan de la defensa de los
DD.HH. y del niño, envían leyes desde el propio Poder Ejecutivo con
el mismo corte represivo, entre ellas: el mantenimiento de los
antecedentes penales para los menores y el aumento de las penas para
los mismos.
Más
que no a la baja, algunos y algunas pensamos que debemos proponer
pensar en medidas que no pasen por la punición y el encierro de las
personas. Porque la baja de la edad de imputabilidad, que en realidad
lo que propone es que se juzgue a menores de 16 años como si fueran
mayores de edad no es solución y en verdad agrava el problema, pero
tampoco son solución los centros de reclusión en los que menores y
mayores de edad actualmente son sometidos diariamente a la violación
sistemática de todos sus derechos.
Pensar
juntas y juntos respuestas y acciones colectivas, que nos permitan
salir de la lógica punitiva y represiva instalada actualmente en
nuestra sociedad es un desafío que tenemos por delante, quienes
pretendemos vivir en una sociedad verdaderamente justa, donde no
existan las cadenas, sin oprimidos ni opresores.
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